Ingeniería Democrática. JFRM

La Ingeniería Democrática

Por José Francisco Ruiz Massieu.

José Francisco Ruiz Massieu, en­sayista y autor de obras sobre teo­ría política, fue Gobernador del Estado de Guerrero, Director del INFONAVIT, Presidente de la Fundación Cambio XXI, diputado federal y coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la LVI Legislatura de la cámara de Diputados. Era, además, Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional cuando fue víctima de un crimen proditorio.

LA CUESTIÓN CONCEPTUAL

La ingeniería democrática es una cuestión directamente vincula­da con la transición democrática, por lo que primero se debe definir ésta.

La transición democrática es un proceso de cambio cualitativo por el cual un sistema autoritario se convierte en un sistema democráti­co, siempre que el cambio sea pacífico, por vías legales e institucionales v se lleve a cabo en corto tiempo. También se considera como transición aquella transformación por la cual una democracia se profundiza con gran celeridad y las instituciones políticas penetran con mayor efectivi­dad en la realidad y se convierten en verdadera práctica institucional.

Otros sostienen que se trata de dos fenómenos distintos: la tran­sición es un cambio de régimen político, y el proceso democrático es un cambio en el régimen político.

La transición democrática es un concepto construido en Europa Occidental y los Estados Unidos a partir de la teoría del desarrollo polí­tico, elaborada en ocasión de las experiencias de modernización política que registraron los países africanos y asiáticos en la segunda postguerra. Más tarde esa teoría se ha venido invocando en todas las latitudes.

El paso de regímenes de orientación autoritaria a regímenes de democracia liberal, así fuera formalmente o con graves deficiencias, se consideró un tránsito de las sociedades tradicionales a las modernas.

Algunos acotamientos conceptuales y terminológicos todavía parecen necesarios para clarificar la naturaleza y el alcance de una tran­sición democrática, vista ésta como asunto de ingeniería política. Con tal propósito es indispensable distinguir entre transición (en sus dos modalidades) y proceso democrático.

El proceso democrático es un movimiento histórico permanente, que se inicia incipientemente en la etapa moderna en Europa Occidental y los Estados Unidos y se activa en el siglo XIX, para encontrar su perfil actual hasta el XX: mientras que en otras regiones (como Latinoamérica) se anuncia en el siglo pasado con la captación del Liberalismo para con­vertirse en éste en la gran cuestión política de nuestro tiempo.

El proceso democrático es un movimiento evolutivo, cuyo ritmo es variable y admite involuciones, en tanto que la transición es necesa­riamente un movimiento hacia adelante a ritmo tan acelerado que hay un cambio, cualitativo en cuanto al régimen político. En ambos conceptos, la violencia, previa o concomitante, no es un elemento consustancial; más bien es un elemento extraño, pero puede desempeñarse como reacti­vo o catalizador.

La transición es un fenómeno rápido, aunque rara vez súbito, susceptible de localización histórica, esto es, de delimitación en el curso histórico, y el proceso democrático es, en sí mismo, una de las dimensio­nes del propio proceso histórico. Una transición, además, se puede dar en cualquier sistema político no democrático; inclusive con un agente democratizador exógeno (la injerencia de los Estados Unidos en Japón); y el proceso democrático se desenvuelve en aquellos sistemas en los que se ha adoptado formalmente (en la Constitución y el discurso) la arquitectu­ra demoliberal.

En ocasiones emerge la transición o el proceso democrático se acelera como efecto de reactivos no políticos, por ejemplo, una severa crisis económica; o de reactivos políticos, como un proceso electoral reñido o fraudulento. En otros casos, el reactivo ha sido la muerte o la desaparición de quien personificaba el régimen autoritario; o bien un desastre nacional que liquida la legitimidad del gobernante o del régimen en su conjunto.

Debe distinguirse, por otro lado, que en la causalidad inmediata de la transición o de la aceleración del proceso democrático el factor reactivo es una cuestión, y la instrumentación del cambio político es otra. Son dos elementos vinculados pero de naturaleza absolutamente diferen­te, según se examinará más adelante.

En todo caso, tanto el proceso democrático como la transición son, en sí mismos, cambios pacíficos y pactados, pero se separan en cuanto a la naturaleza del pacto: en la transición es inmediato y más o menos formal, y en el proceso democrático, generalmente, es tácito y remoto. Una pieza, sin embargo, separa las dos modalidades de la transformación democrática: el proceso democrático no es, en todo mo­mento, una evolución conducida, frente a la transición, que lo es forzosa e insoslayablemente.

En cuanto al cambio pacífico también se separan el proceso democrático y las transiciones, puestos que en éstas, las elecciones (su mera realización, calidad, confiabilidad y eficacia) son el método inex­cusable, más aún, son la expresión culminante del cambio cualitativo; contra aquel en el que las elecciones son apenas unas de las vías, puesto que se trata de convertir, paulatinamente, las instituciones y procedi­mientos democráticos en práctica política, en vida política, en vida de­mocrática.

Para obviar el abordamiento de cuestiones teóricas radicales como modernización política, desarrollo político, reforma política, de­mocratización, apertura y liberalización, conviene caracterizar a la de­mocracia liberal según los politólogos occidentales:

  • Estado de Derecho, o sea el principio de legalidad y el gobierno responsable;

  • División del poder público en órganos distintos y supremos;

  • Pluralismo político expresado en el papel protagónico de los partidos en la integración y el funcionamiento de las instituciones consti­tucionales y en el activismo de la comunicación colectiva;

  • Disfrute de los derechos humanos y, en particular, de las liber­tades públicas fundamentales.

Esa arquitectura democrática se aparta de lo que prevalece en los países tradicionales con un patrón autoritario: existe un partido úni­co, o, por lo menos, un sistema de partidos de baja competencia; no se realizan regularmente elecciones o no son confiables y no garantizan la expresión de la voluntad popular; el disfrute de las libertades ciudadanas es reducido; el poder público y la vida política no están sujetos a la ra­cionalización del Derecho; y, con frecuencia, existe una instancia supe­rior a los poderes constitucionales (una sola persona, o las fuerzas arma­das, por ejemplo) que desempeña funciones arbitrales.

Más recientemente, y con vigor creciente, tal vez con más énfa­sis desde los ochenta, las escuelas del desarrollo político que han cons­truido el concepto de transición democrática incorporan un nuevo ele­mento básico: el régimen económico. Para los teóricos anglosajones del desarrollo político, la extensión y el afianzamiento de la democracia plural y competitiva plantean que la democracia electoral (fincada en los partidos y en las elecciones) tiene que ir acompañada de las economías de mercado.

Sólo donde hay libertad económica y libre empresa puede darse la libertad política y, consecuentemente, la democracia liberal se sostie­ne.

Estas dos vertientes, la dominantemente política y la dominan­temente económica, que garantizan democracia y desarrollo, se comple­tan a últimas fechas con la vertiente internacional, que aporta la idea de que sólo en un mundo democrático es posible que las democracias estén seguras. El fomento de las transiciones democráticas y la consolidación de las democracias se convierten así en un principio total de la política de seguridad nacional y, finalmente, de la política exterior de las llama­das democracias paradigmáticas.

No analizaremos las dimensiones económicas e internacionales de las transiciones democráticas; sólo nos circunscribimos a sus facetas políticas desde una tesis central: el tránsito de un sistema autoritario a uno democrático, como la aceleración del proceso democrático mismo, es un asunto tecnológico, metodológico; es una cuestión de ingeniería polí­tica, de ingeniería democrática.

Una transición democrática no sólo requiere de la asunción colectiva de la doctrina democrática de los factores reales de poder y de la ciudadanía, sino que reclama una definición sistemática de los medios y los métodos de implantación de la democracia y de su desarrollo, así como de las fases y los plazos para su utilización. De ahí la expresión ingeniería democrática.

LAS TRANSICIONES

La revisión de la rica y diversa taxonomía de las transiciones que han tenido lugar en las dos últimas olas democráticas (la que se origina con el triunfo de los aliados y la de la pasada década), por echar mano de la plástica expresión de Huntington, clarifica la cuestión, aun­que no se profundice en ellas:

  1. Transiciones promovidas por potencias victoriosas: Alema­nia, Italia, Japón.

  2. Transiciones desencadenadas por la desaparición del dicta­dor: España.

  3. Transiciones por el derrumbamiento de un régimen económi­co y la implantación de otro: URSS-CEI.

  4. Transiciones destacadas por el desmontaje de un aparato imperial. Europa del Este.

  5. Transiciones por el derribamiento de una dictadura: Filipinas.

  6. Transiciones por un proceso electoral después del triunfo de una Revolución: Nicaragua.

  7. Transiciones por el pacto entre la dictadura y la convergencia democrática: Chile.

  8. Transiciones por la vía de la restauración democrática: Gre­cia.

  9. Transiciones en ocasión de la quiebra moral y financiera de una dictadura militar: Argentina.

  10. Transiciones por la descolonización: India.

  11. Transiciones arbitrarias y conducidas por las fuerzas arma­das: Portugal.

  12. Transiciones desatadas por un golpe de Estado: Rumania.

A pesar de que los tipos de transición que se incluyen en esta taxonomía preliminar no requieren de un análisis profundo y detenido, por haber sido motivo de múltiples y lúcidos estudios, su revisión super­ficial arroja constantes: algunas transiciones están asociadas a procesos de índole económica, sea de reconstrucción, de modernización o de cambio de régimen económico (casos a. b. y d): otras se han limitado a una transición electoral y todavía no arriban a una transición política integral (c, d, e. y j): en ocasiones desempeñó un papel relevante una ins­tancia externa (a); y no faltan transiciones que son redemocratizaciones (h).

Las modalidades que incluyen la tipología, y que ciertamente no agotan el proteico fenómeno de las transiciones que se han configurado en las dos últimas olas, comparten dos elementos que representan la esencia de una transición genuina: se realizaron sin violencia orgánica, prolongada y generalizada (golpes de Estado, rebeliones o revoluciones); y demandaron un pacto entre el poder constituido y las fuerzas políticas democratizadoras, y entre éstas mismas también.

Los casos de excepción, empero, no están ausentes, si se recuer­da, con sus respectivos matices, a Portugal e India.

UNA NUEVA CULTURA POLÍTICA

La aceleración y la profundización del proceso democrático y las transiciones reclaman, como ejercicios de planificación política, que se sustenten en un diseño bien cimentado en la teoría democrática. Ese diseño corre por cuenta del poder y las fuerzas políticas que pugnan por la transformación cualitativa, lo que, a su vez, requiere de un entendi­miento.

Ese entendimiento sólo se edifica cuando los protagonistas del proceso democrático formulan c implantan una cultura democrática común. El eje de la cultura democrática es una noción compartida de de­mocracia, que comprende el papel de los partidos, la función de las elecciones, la naturaleza y la operación de las instituciones políticas básicas, y el arreglo orgánico y territorial del poder.

La noción democrática común permite desprenderse de mime­tismos, ingenuidades y mistificaciones, así como aproximarse con vera­cidad a la democracia real, a sus activos, insuficiencias y deficiencias institucionales y operativas.

Una de las cuestiones en las que han de convenir las fuerzas políticas es la relativa a la evitabilidad de democracia; o, si se quiere, han de rechazar la idea de inevitabilidad de la democracia; la idea de que la historia del hombre es la historia en la búsqueda democrática y del desdoblamiento de la democracia.

Cuando se conviene en que la historia humana es más que la historia de la democracia, y que ésta es evitable, con lo cual se rechaza el determinismo, se desemboca en el asunto de la ingeniería democrática, o sea, en el asunto de la voluntad democrática y de la destreza política, para que el propósito democratizador lleve a la transformación cualitati­va de la vida política.

Para que la no inevitabilidad de la democracia, o sea, su evita­bilidad, conduzca a la arena de la ingeniería social, es necesario, por un lado, que los protagonistas políticos acepten su deseabilidad; y, por el otro, que reconozcan su asequibilidad. Sólo lo deseable y viable puede ser objeto de un ejercicio de planificación política.

La cultura para la transición reposa también en la convicción compartida de que el proceso democrático es un movimiento dialéctico y no maniqueo: la confrontación entre el poder y las fuerzas que se le opo­nen genera un movimiento hacia adelante, porque se trata de una con­frontación cooperativa. En la concepción maniquea los contrarios no cooperan al avance democrático, sino que las fuerzas contrapuestas se anulan, se excluyen o buscan su exterminio.

En la concepción dialéctica, el diálogo para la concertación es el método inexcusable mientras que en la maniquea lo es la violencia cuyos efectos de casación y exterminio se presentan como la antipolítica. La cultura democrática es, por ello, un ejercicio de inteligencia política colectiva, porque se trata de sujetar las transiciones a cánones racionales y a una ruta de predecibilidad que disminuya al máximo las contingen­cias y los imponderables. Así, el recurso fundamental es la razón políti­ca, a la que sólo se arriba con la utilización constante del diálogo entre los actores.

Una transición entendida como proyecto concertado en cuanto a modalidades, fines, etapas y plazos sustituye al exterminio del adversa­rio, así adopte el rostro de mera alineación, por su integración, a partir de una aspiración incluyente: todo protagonista tiene un sitio y desempe­ña una función que afianza la lógica y la operatividad del conjunto sistémico.

La aspiración incluyente de la cultura de la transición corre por un camino diametralmente opuesto al del totalitarismo: en el plantea­miento totalitario la integración de los actores tiene el propósito de ab­sorberlos hasta su anulación, a través de la pérdida de su identidad y de sus demandas peculiares, mientras que en la democracia la inclusión de toda fuerza supone reconocer que el pluralismo vigoriza y hace más eficientes los procesos políticos, que el poder únicamente cobra sentido democrático cuando lo acompaña la oposición, y que la mayoría sólo existe en la medida en que concurren las minorías.

La cultura democrática como elemento de la transición, conse­cuencia de su esencia racional y de su rechazo al maniqueísmo, desesti­ma los dogmas para acoger programas, y confía más en la eficacia del gradualismo pactado que en los cambios abruptos del golpe de mano, o de los juegos de malicia de uno de los protagonistas.

El producto final de la cultura de la transición son los pactos, sean poco formales o de la más alta jerarquía normativa.

La noción democrática común se integra con varios elementos, que deben ser aceptados por las fuerzas políticas que propugnan la aceleración del proceso democrático, por el impacto que tienen en las labores de ingeniería democrática.

Los protagonistas deben aceptar que no siendo la democracia un asunto estático, sino dinámico, admite regresiones y avances De ahí la pertinencia de hablar de proceso democrático más que de democracia, pues así se trata de una obra irremediablemente inacabada Además, siendo una obra inconclusa, también es reversible, de modo que sólo la ingeniería política puede prevenir involuciones y propiciar nuevos avan­ces.

La democracia es, asimismo, un proceso colectivo, con lo que se desecha la tesis del héroe, y su correlato, la tesis del antihéroe: la volun­tad política de los protagonistas no tiene sucedáneo cuando se trata de formular c implantar un provecto de transición, pero el voluntarismo, la exaltación irracional de la potestad de unos cuantos hombres para impul­sar la democracia o para impedirla, sin calibrar las condiciones objeti­vas, o a los demás actores, no tiene resultados efectivos ni duraderos.

Es necesario, así, que el poder, o una fracción de él, capaz de desencadenar el cambio, admita que a sus propios intereses le conviene más cambiar que no hacerlo, que es más costoso resistir que encauzar, poner ritmo y pactar las reglas del juego.

El proceso democrático es una tarea endógena, que atañe esen­cialmente, y sin excusa, a la sociedad política que se plantea dar paso a una transición, con lo que los factores externos no pueden garantizar la maduración definitiva e irreversible, ni el afianzamiento de la democra­cia.

Salvo en los casos atípicos de Japón, Italia y la República Federal Alemana, que se explican por el desenlace de la Segunda Guerra Mun­dial, la historia de las transiciones democráticas no reportan proyectos democráticos exitosos impuestos desde el exterior.

Otra cuestión que deben despejar los coautores de un proyecto de ingeniería democrática es la relativa a la integralidad del proceso democrático, que se aparta de la democracia unidimensional, o sea, la idea de la democracia política exclusiva, y aun meramente electoral autosostenida. La cuestión de la democracia como un proceso integral, con contenidos políticos ciertamente, pero también económicos, sociales y culturales, es uno de los grandes asuntos de la teoría de las transiciones y de su capítulo de ingeniería política específicamente, pues suscita inte­rrogantes radicales: ¿sólo es posible la democracia en países desarrolla­dos y con altos índices de cultura y escolaridad? ¿Procede plantear que primero deben reunirse las condiciones materiales y después dar paso a la democracia? ¿Sólo los sistemas democráticos pueden desarrollarse? ¿Se trata de procesos secuencias, concomitantes o absolutamente autó­nomos?

Estas interrogantes no son ajenas. Eso también pertenece al ámbito de una cultura política favorable a la democratización: a la defi­nición de hacer la transición democrática sin plantear al mismo tiempo el cambio de la estructura económica y la reforma social o por el contrario, llevar adelante las tres iniciativas para que se apoyen recíprocamente. Lo anterior se vincula a la concurrencia o no de la Perestroika y la Glasnost de Gorbachov.

Asimismo, representa una de las expresiones específicas de la conceptualización de la democracia, en vinculación con la posibilidad de que se extienda, separada o conjuntamente, el disfrute efectivo de los valores sociales básicos (igualdad, justicia, seguridad y libertad).

La historia de las transiciones aporta los exitosos casos de Es­paña e Italia, por lo que hace a no introducir anticipadamente la reforma económica en la agenda que definan las fuerzas políticas, pues si* las izquierdas hubieran presionado hacia la socialización de los medios de producción, probablemente los cambios democráticos se habrían frustra­do. El ejemplo inverso que ministra esa historia es el de la URSS bajo Gorbachov. Aquí el empate de la reforma económica y la política provo­có los más altos costos políticos de que se tenga noticia.

En el pacto que fundamente el cambio democrático, sea una transición en sentido estricto, o una profundización y una aceleración del proceso democrático, no puede quedar fuera del radio de la concertación el reconocimiento de que los fines democráticos no están reñidos con otros objetivos colectivos. Aún más, la agenda democrática debe recono­cer que la sociedad posee propósitos históricos, o meramente coyuntura-Íes que, fuera de no ponerse en riesgo, deben armonizarse y, de ser po­sible, obsequiarse por el propio ímpetu democrático.

Así las cosas, el pacto debe considerar al mismo tiempo el avan­ce democrático, el desarrollo, la justicia social, la gobernabilidad y la soberanía nacional. No procede pues, la exaltación democrática que precipite a la inestabilidad política, a la descomposición de la sociedad o a la atrofia de las instituciones constitucionales; como tampoco potenciar las reformas fincándolas en acciones de promoción democrática que provengan del exterior si conllevan injerencias que lesionen la soberanía del país.

EL PAPEL DE LOS PARTIDOS

En la definición de la ingeniería democrática es indispensable que las fuerzas políticas convergentes se erijan en auténticos interlocuto res, para que sea posible el tejido del entendimiento y la asunción de responsabilidades en su puesta en práctica.

Para el poder, los interlocuto­res son los partidos políticos, a ellos corresponde articular las demandas de la sociedad, hacer funcionar las instituciones representativas, armar los grandes consensos que sustenten el pacto democratizador, coorganizar los comicios, promover la participación electoral, manejar un sistema de comunicación política, formar cuadros políticos, nominar a quienes corresponde integrarse a los órganos del Estado, formular las platafor­mas y los programas y, sobre todo, definir términos, plazos y modalida­des del cambio y promover efectivamente su observancia.

Considerar a los partidos como causas eficientes de la transfor­mación democrática no significa que sólo deban existir como aparatos burocráticos, ni que se ignore a los líderes democráticos, tanto dentro del poder como de las fuerzas opositoras a condición que tengan la capaci­dad efectiva de conducir y comprometer a las corrientes y las organiza­ciones que les dan sustento.

Si como se ha convenido, la transición es un ejercicio dialéctico de concertación, esto es, político necesariamente, se aceptará que los partidos son los agentes de la política por excelencia, de modo que si no se cuenta con un sistema de partidos razonablemente eficiente y responsable no es posible el arribo al pacto, y sin este no hay mutación ni aceleración democrática. En ocasiones los partidos se insti­tuyen, en otras, se restauran, y en otras más, se reconstruyen para tomar la coautoría de la obra democrática.

El papel protagónico de los partidos admite un desempeño en varios escenarios, aunque de jerarquía y significación distinta: el arco se mueve entre los escenarios evidentemente extrainstitucionales (como los Pactos de la Moncloa en los primeros tiempos posfranquistas) y los ple­namente institucionales como los parlamentos y las legislaturas constituyentes. Se incluyen, además, otros escenarios institucionales, como los órganos responsables de los comicios, o cuerpos informales, en los que las fuerzas opuestas al poder concurren bajo el signo de la convergencia. Los aliados naturales de los partidos, en una fase de democrati­zación, son los intelectuales, los universitarios y los medios colectivos de comunicación, por lo que es usual que las fuerzas participantes se empe­ñen en incorporarlos al proceso.

LOS PARTIDOS, EL PARLAMENTO Y LAS ELECCIONES

En todos los casos, para garantizar un cambio democrático efectivo, las fuerzas políticas deben alcanzar su expresión orgánica en partidos políticos que permitan la realización de elecciones, sin las cua­les no puede darse la implantación de un esquema demoliberal y, particu­larmente, la formación y el funcionamiento del Parlamento. En una tran­sición genuina se observa el principio de la centralidad de la institución parlamentaria: es en el parlamento que se construyen los consensos, se celebran los pactos, se perfilan las agendas y se definen las labores de la ingeniería democrática, y se expresa ésta, finalmente, en declaraciones, debates políticos y leyes.

No se registra transición democrática duradera y auténtica que no haya reclamado la revaluación de la institución parlamentaria y de los partidos que la conforman y le dan vida. Un parlamento vigorizado y con operación eficiente facilita el desmontaje del autoritarismo de los Eje­cutivos o de los partidos únicos o hegemónicos y evita su restauración; y permite, asimismo, en la medida que aglutine a las fuerzas políticas más caracterizadas, que se acote a otros poderes sociales como las fuerzas armadas, las iglesias, el empresariado, las organizaciones sindicales o los intereses del exterior.

Así como en los regímenes autoritarios, o con enorme déficit democrático, la política es reemplazada en buena medida por las habili­dades burocráticas o la sumariedad del poder inconsulto, en las fases de aceleración democrática se requiere un esfuerzo de reducción democráti­ca o, en su caso, de inducción democrática para que el elenco de la tran­sición absorba la nueva cultura política y adquiera los hábitos y las des­trezas políticas que hagan viable el tránsito. Todo ello se obtiene en la arena parlamentaria por su integración plural y su vocación deliberante.

Es en el parlamento donde concurren cotidianamente las fuerzas políticas que se oponen al poder, así como sus representantes. El papel que se asigna a los partidos políticos y la centralidad de la institución parlamentaria, así como los comicios, explican que usualmente tengan lugar modificaciones sustantivas en la legislación electoral, tanto para ganar en confiabilidad y efectividad del sufragio, como para reequilibrar la distribución del poder representativo. Para tal efecto, el derecho elec­toral debe orientarse hacia la captación de toda fuerza política de signifi­cación, conforme al principio incluyente de la democracia pluralista y al abandono de los propósitos de exterminio de los oponentes.

Esa solución -así lo han acreditado las transiciones más efica­ces- se ubica en la representación proporcional, sea exacta o con distor­siones moderadas. La representación proporcional en la integración de los cuerpos representativos, como los parlamentos nacionales o regiona­les o los cabildos, tiene ventajas enormes: evita la exclusión y, por ende, la alienación o la radicalización de los excluidos, y desestima la polari­zación.

Por contra, una solución de representación proporcional exacta, si no tiene los mecanismos técnicos idóneos, puede generar costos políti­cos elevados, como son la pulverización de las fuerzas, la falta de una mayoría que respalde al Ejecutivo, la oligarquización de los partidos y la inoperancia de las instituciones, con su consecuente desprestigio.

Una legislación electoral inteligente, aplicable y equitativa, que fortalezca a los partidos, es uno de los asuntos de ingeniería democrática más trascendentes.

Los métodos de representación proporcional, cuando toleran distorsiones moderadas, para premiar, también moderadamente, con sobrerrepresentación a la primera fuerza, asegura la gobernabilidad a través de la operación eficiente de las instituciones y el respaldo al go­bierno. Lo mismo se logra cuando se adopta un sistema mixto de repre­sentación proporcional y de mayoría.

La representación proporcional favorece, junto con factores de naturaleza diversa, la configuración de un sistema pluripartidista, ora de alta competencia, ora de baja competencia, perfecto o imperfecto, pero que se aviene muy bien al imperativo de integrar a todos en torno a la agenda de la democracia y a la puesta en marcha de las labores de la ingeniería política. El pluripartidismo con fines de eficacia, es bien sabi­do, puede optar por coaliciones, candidaturas comunes, frentes y otras tácticas conjuntas que propicien la convergencia contra un poder moroso, o precisamente para dar plataforma al ímpetu democratizador del propio poder.

Una idónea respuesta normativa al pluralismo excitado tempo­ralmente por el efecto disgregador inmediato, que con frecuencia tiene una mutación democrática, evita el bipartidismo maniqueo: el partido de los que se van y el partido de los que arriban en enconada confrontación.

Aunque el análisis electoral comparado invita a la cautela, está explorado que según las soluciones técnicas que consagre la ley electo­ral, un sistema opta por el pluripartidismo, el bipartidismo, el tripartidismo o el sistema de partido dominante.

La ingeniería democrática en las fases de mutación ha de hacer frente a la conveniencia o la inconveniencia de estimular la proliferación de partidos, o por el contrario, de racionalizar su establecimiento, a tra­vés de la exigencia de requisitos, el otorgamiento de prerrogativas (incluidas las que corresponden a grupos parlamentarios), el ya abordado asunto de la fórmula para acceder a la representación política, el uso de los medios colectivos, las reglas para las campañas, la participación en los organismos electorales, la posibilidad de crear formaciones políticas complejas, el arreglo orgánico y de funcionamiento de los cuerpos repre­sentativos, y el financiamiento de las actividades políticas.

Si la transición o la aceleración democráticas se plantean con éxito por la merma en las bases de legitimidad del régimen y de sus ope­radores -y es lógico que los oposicionistas procuren socavar esas bases, precisamente para que el poder acepte pactar, los adversarios deben prestigiar las reglas del juego y el cumplimiento del acuerdo democráti­co, acreditar los comicios y afianzar las instituciones políticas, sobre todo el parlamento en transformación.

EL CENTRISMO

En todo caso, el ejercicio de planificación política que reclama el ascenso democrático se encamina a prevenir la bipolarización ideoló­gica y programática a través de la inducción del centrismo. El centrismo, el alejamiento de los extremos ideológicos y de los maximalismos instantaneístas, pondera las contribuciones del pragmatismo y la eficacia de­mocrática así como del ritmo gradualista.

Las tendencias centristas pueden culminar en una genuina con­vergencia nacional en torno a un pacto social básico, que haga posible una alternancia en el poder apta para consolidar los avances democráti­cos, sin desencadenar discordias colectivas ni restaurar querellas históricas. La alternancia requiere un manejo metodológico ponderado y bien calibrado que no conduzca, inexorablemente, a una alternancia en blo­que (los dos poderes políticos nacionales y los regionales y locales) ni automática (que en cada elección sea reemplazada la fuerza en el poder), porque puede desarticular la acción gubernamental y dar pie a iniciativas de exterminio político.

El centrismo se expresa en una constante: en una democracia no se gana todo ni para siempre.

El centrismo y el pluripartidismo hacen necesario que la agenda del proceso democrático recoja el gran asunto del arreglo orgánico y territorial del poder. La división de poderes y la descentralización política, sea un federalismo, un Estado regional o uno de autonomías, se vivifican cuando se capta un pluralismo político que lleve a una alternancia razonable y a los equilibrios intrainstitucionales de las fuerzas políticas.

En toda transición democrática figuran inexcusablemente los reclamos descentralizadores pero sólo una hábil labor de ingeniería política logra dar balance a las demandas de autoadministración y de autogobierno, así como a los imperativos de integración y unidad nacionales.

El centrismo, el pluripartidismo y la respuesta descentralizadora son las mejores fórmulas para disipar el riesgo que se puede configurar cuando se pretende desmontar un régimen autoritario para promover la democracia o profundizar un proceso democrático, esto es, que vayan por caminos distintos y aún opuestos los poderes formales (las institucio­nes políticas), los partidos y el poder ciudadano (la voluntad electoral), y los poderes fácticos (las fuerzas armadas, el capital, los factores de la producción). Esa divergencia hace que el sistema se desplace hacia un conflicto íntimo y generalizado que desata el pacto nodal, descompone a la sociedad y, finalmente, desemboca en una involución democrática.

La ingeniería de la democracia dispensa atención predilecta a la vertebración entre los poderes formales y los fácticos, y, por eso, puede resultar indispensable que el pacto radical de la transición, acompañado de soluciones de reforma económica y social, se consagre en una nueva Constitución, en el más alto nivel normativo. Esa Constitución puede ser obra de una Asamblea Constituyente ad hoc, como en la Italia de la postguerra, o del legislativo ordinario, como fue el caso de España en 1977 (aunque se trataba de la primera legislatura democrática).

La Constitución democrática y democratizadora puede, además, afianzarse con la voluntad popular por vía de referéndum (como también tuvo lugar en esos dos países europeos).

En la medida en que el proyecto de democratización tenga un sustento más sólido, disminuye el riesgo de la disociación entre las insti­tuciones formales y los factores reales de poder.

La planificación de la transición democrática, conforme a su naturaleza pactada y al principio del centrismo, admite soluciones tem­porales que despejan resistencias y propician avances firmes. Entre ellas figura la amnistía de jure o de facto de todos aquellos que hayan actuado en el régimen que se está reformando, con el propósito de prevenir que­rellas y facilitar el retiro de agentes de ese régimen. Tal solución, con sus respectivas modalidades, se vio en la España posfranquista y en la Italia posfascista, y más recientemente, en el relevo de Pinochet en Chile. Al respecto, los saldos de los intentos de encausar penalmente a infrac­tores de los viejos regímenes en Argentina y Uruguay no son alentadores.

Otra solución moderadora y temporal es la fórmula de incorpo­ración de miembros del viejo régimen a los órganos representativos o meramente estatales, en las primeras fases de la transición, para blo­quear radicalismos y derribar obstáculos, como sucedió con el encargo militar del propio Pinochet y la designación de senadores y de directivos del banco central en Chile; con el nombramiento de senadores por el rey en España, en los primeros años de la transición; y con la retención de Humberto Ortega en el ejército nicaragüense. Igual solución adoptaron en Polonia Jaruzelsky y Solidaridad para que el viejo régimen se reser­vara la mayoría de los escaños parlamentarios y sólo una parte quedara sujeta al resultado electoral en los primeros comicios.

En casos infrecuentes y de extremo deterioro del régimen, el poder puede aceptar la formación de un gobierno de convergencia, de concertación o de cohabitación, con el fin de reunir la fuerza necesaria para el aterrizaje democrático.

La asunción del centrismo y la vocación incluyente de los prota­gonistas propician la convergencia de las fuerzas opositoras, quienes difieren sus discrepancias ideológicas y programáticas y sus querellas de orden personal para enfrentarse unidas al poder. Unirse, primero, para dar paso al cambio democrático y separarse, después, cuando se haya consolidado la mutación.

La convergencia llegó a niveles paradigmáticos en Italia (los fascistas de Badoglio, los demócratacristianos y los comunistas), en España (los ex franquistas, los comunistas, los socialistas y la nueva derecha) y en Chile (las izquierdas y las derechas en toda su diversidad).

EL ENTORNO INTERNACIONAL

Las transiciones tienen una dimensión internacional que los ingenieros de la democracia deben contemplar con particular tino para tener éxito, pero también para no propiciar la injerencia del exterior. No sobra traer a colación, nuevamente, que el proceso democrático es, sin remedio, un asunto endógeno, no sólo por razones de soberanía nacional, sino también para garantizar su irreversibilidad y su eficacia.

Empero, un entorno internacional hostil a un régimen autoritario o con grave déficit democrático, y la formación de una corriente de simpatía al proyecto democratizador son factores estimables. Así lo acredita el influjo europeo sobre la experiencia española.

La deseabilidad de la simpatía internacional no admite, cierta­mente, que se acojan iniciativas de la llamada promoción democrática, porque conlleva injerencias, ni admite la erección de instancias interna­cionales de calificación democrática, porque supondría someterse a los modelos democráticos que las grandes potencias pretenden implantar por vía coactiva.

La solidaridad internacional con el ímpetu democrático, en al­gunas ocasiones, se ha expresado jurídica y multilateralmente: las san­ciones a Sudáfrica por la violación generalizada y sistemática de los derechos humanos, por ejemplo.

La participación en esquemas de integración económica puede implicar nuevas oportunidades para la aceleración de un proceso demo­crático, si sus asociados militan en la democracia liberal: son conocidos los esfuerzos de democratización que desplegaron Italia y España para poder incorporarse a los procesos comunitarios de Europa.

Desde hace un par de lustros, las agrupaciones de partidos afi­nes como la Internacional Socialista y la Internacional Liberal también actúan como instancias de simpatía hacia transiciones democráticas.

No escapa, sin embargo, que el fin de la Guerra Fría hace ya innecesario que por razones de seguridad e interés militar, las potencias occidentales, en especial los Estados Unidos, se alíen con regímenes autoritarios, lo que ha llevado a que se modifique radicalmente el entor­no internacional para favorecer las iniciativas democratizadoras.

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Almond, Gabriel A., y Powell Jr., G. Binghan. Comparative Politics. A development Approach. Little, Brown and Company. Estados Uni­dos. 1966.

Diamond, Larry, “Promoting Democracy“, en Foreign Policy. Núm. 87, verano de 1992, Carnegie Endowment for International Peace, Estados Unidos, pp. 25-46.

LaPalombara, Joseph y Weiner Myron (comps.), Political Parties and Political Development. Princeton University Press, New Haven, 1966.

Morlino, Leonardo, ¿Cómo Cambian los Regímenes Políticos? O´Donnell, Guillermo, Philippe C. Schmitter y Laurence Whitehead (comps.) Transiciones desde un gobierno autoritario. Europa Meridional. T.I., Paidós, Buenos Aires, 1989.

———- Transiciones desde un Gobierno autoritario. Perspectivas Comparadas, tomo 3, Paidós. Buenos Aires, 1988.

———- Transiciones desde un Gobierno autoritario. Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas, tomo 4, Paidós, Buenos Aires, 1988

Pye, Lucían W., Aspects of Political Development. Little, Brown and Company, Estados Unidos, 1966., y Sidney Verba (comps), Political Culture and Political Development. Princeton University Press, New Haven, 1965.

Rodríguez Díaz Ángel, Transición Política v Consolidación Constitucio­nal de los Partidos Políticos. Centro de Estudios Constitucionales, Ma­drid, 1989.

Rodríguez Ibáñez, José Enrique, Después de una dictadura: cultura au­toritaria y transición política en España, Centro de Estudios Constitucio­nales, Madrid, 1987.

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